En el Año Internacional de la Diversidad Biológica, y con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, es esperable abordar los grandes problemas que afectan a la pérdida masiva de especies: cambio climático, contaminación química, sobreexplotación de recursos, transformación del hábitat, todos ellos crecen a medida que aumentamos en población y recursos disponibles por habitante.
Pero no quiero enfrascarme en grandes objetivos. Antes bien, destapar y servirles en bandeja veneno, eso sí, envuelto en un albóndiga de carne fresca. ¡Glups! Un cierto malestar surge de solo imaginarlo, un sinónimo de muerte, lo sé.
Espero no pierdan esta reacción visceral de rechazo a lo largo del artículo, pues es necesaria esa tensión para no olvidar a un asesino que campa por nuestros campos, esperando a su víctima de modo silencioso, sin prisa, sin pausa, como una mina, en una forma de actuar a la que no encuentro argumentos para diferenciarla del terrorismo, de esa forma indiscriminada de actuar frente al inocente, frente a las especies silvestres y domésticas que estamos perdiendo por algo absolutamente absurdo. No es algo exclusivo de la caza, pero está ligado en gran medida a ella.
La problemática del veneno es una de las principales amenazas a la conservación de las especies amenazadas, frecuentemente aquellas situadas más arriba en la pirámide alimentaria. Su uso en gestión cinegética, junto a otros métodos de destrucción masiva o no selectiva para el control de predadores, está tipificado como delito en el artículo 336 del Código Penal y castigado con pena de prisión de 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses, y en todo caso inhabilitación especial para el ejercicio de cazar o pescar por tiempo de uno a tres años. Pero sigue usándose en España, y en nuestra región donde, como ejemplo, en un coto dentro de una ZEPA se encontró un número de cadáveres de águila perdicera equivalente a una generación mundial de este ave en la que tanto Europa como nuestra Región están gastando ingentes recursos económicos para su recuperación. No es admisible. ¡Y es un delito!
Es un problema complejo cuyos orígenes radican en la percepción, real o imaginada, de un perjuicio económico por parte de ciertas especies contra las que se pretende actuar. Los cotos de caza intensivos intentan maximizar beneficios, es lógico, pero no puede ser a costa de las otras especies que también cazan. Es la manera barata y torpe de actuar contra ellas, porque mucho antes que recurrir a una extracción selectiva de individuos predadores, una gestión cinegética de calidad debería basarse en maximizar la productividad del hábitat mediante medidas que favorezcan a las especies cazables, fomentando las reservas genéticas de especies propias, abandonando a las perdices de 'bote' (criadas en granja), limitando la cantidad de caza según los recursos cinegéticos, censando predadores y presas, estudiando el hábitat, invirtiendo recursos. La predación se produce de modo continuo en la naturaleza y algunos predadores se alimentan de las especies de caza menor, y tienen derecho a hacerlo, porque las leyes, la que nos hemos dado los ciudadanos y la de la Naturaleza, así lo dicen. Y porque con ello ayudan a mantener sanas las poblaciones de presas, la productividad del acotado y la diversión del cazador. Ponga un águila perdicera en su coto sería un buen slogan para asimilar ecosistemas ricos en predadores con ecosistemas ricos en presas.
Porque este no es un artículo contra la caza o los cazadores. Todo lo contrario. Creo en la caza como un recurso que puede ser bien gestionado y verdaderamente sostenible. No soy cazador, aunque conocí la experiencia con mi padre. Tengo recuerdos gratos de campo, no me provoca rechazo y me gustaría que fuera un pilar de la economía rural y del mantenimiento de la biodiversidad. Pero el veneno es indudablemente un problema ligado en gran medida a la caza, que mancilla y deja sin argumentos al colectivo cazador, y acelera el alejamiento de las nuevas generaciones, más deseosas de otra 'cosa'.
No caeré en la parodia del cazador bueno y cazador malo, y el colectivo cazador tampoco debería hacerlo.
Existen cazadores y existen delincuentes. Pero la ausencia de respuestas contundentes de los primeros contra los segundos no ayuda a que la sociedad empiece a ver a los cazadores como lo que muchos de ellos sienten, ser los primeros interesados en conservar la naturaleza, ser los primeros ecologistas. Las excusas que he oído suenan a demasiado manidas: «que son rencillas entre vecinos», «que la Ley es demasiado estricta» o «que no serán más de un 10 %» (supondría que en la Región habría unos 170 delincuentes-terroristas ambientales sueltos, da pánico pensarlo).
Muchos conservacionistas sabemos que caza y conservación son perfectamente compatibles. En otras comunidades autónomas las federaciones de caza se personan como acusación en juicios contra los delincuentes envenenadores. ¿Para cuando en Murcia? Creo que la mayoría de los 17.000 cazadores de esta región, un 1,1% de los ciudadanos, está junto al 98,9% restante que no caza, no entiende y no acepta al veneno. Me gustaría verlos aislando a las ovejas negras que manchan su legítima afición y reputación, ayudando y exigiendo que la justicia les ayude. En este caso, sociedad, Administración y conservacionistas estaremos de su lado. En caso negativo, el colectivo seguirá siendo cómplice de una práctica ilegal, inmoral y absurda, como es acabar con lo que resulta inocuo y, en muchos casos, incluso beneficioso para la propia caza: la sorprendente, hermosa y amenazada biodiversidad de los grandes predadores del sureste ibérico.
Artículo escrito por Antonio Soler Valcárcel
